El cambio climático es una catástrofe creciente y una enorme oportunidad para el mundo. Requiere una transición energética rápida y global. La velocidad del cambio dependerá de la escala y el alcance de la inversión disponible. También dependerá de la conservación de una amplia base de apoyo público, y en particular de las personas directamente afectadas por las nuevas y vastas explotaciones mineras y los megaproyectos renovables. Los efectos de la crisis climática mundial se multiplican rápidamente, sobre todo para las comunidades indígenas y marginadas. Pero la transición no puede hacerse a su costa. Una transición rápida será también una transición justa. La alternativa es el abuso, la desconfianza, las demoras y los gastos.

Una transición justa hacia la energía limpia debe centrarse en tres principios:

Prosperidad compartida

Los modelos empresariales eficaces que impulsen transiciones rápidas generarán confianza y estabilidad y reducirán el riesgo sistémico mediante modelos de prosperidad compartida que fomenten los derechos de las personas trabajadores y las comunidades en las operaciones y cadenas de suministro de las empresas.

Derechos humanos y protección social

Los Gobiernos y las empresas tienen el deber de proteger a las personas trabajadoras y a las comunidades frente a cualquier daño; de demostrar la debida diligencia para minimizar los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente; y de garantizar la protección social, la reconversión profesional y la creación de nuevos puestos de trabajo dignos.

Negociaciones justas

Communities and workers need guarantees that negotiations will be fair throughout operational life-cycles and when accessing remediation for harm. There will be inclusive community consultation and robust implementation of the principles of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) for Indigenous Peoples; and guarantees that workers, Indigenous and community leaders will not be silenced through intimidation or violence.

Las comunidades y las personas trabajadoras trabajadores necesitan garantías de que las negociaciones serán justas a lo largo de todo el ciclo de vida operativo de cada proyecto, y a la hora de acceder a la reparación de daños. Se realizarán consultas inclusivas con la comunidad y se aplicarán rigurosamente los principios de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas; y se garantizará que las personas trabajadores y las/los líderes indígenas y comunitarias/os no serán silenciadas/os mediante la intimidación o la violencia.