Introducción

Las empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen efectos determinantes en los ámbitos personales, profesionales, sociales y políticos de nuestras vidas, con todo lo bueno y lo malo que esto implica. Mientras que el aumento de la productividad, el acceso a la información y la eficiencia son señas distintivas de la expansión del sector de las TIC, también lo son las consecuencias negativas de muchos de sus productos y servicios: la proliferación desenfrenada de discursos de odio, la desinformación, la vigilancia intrusiva, la manipulación de algoritmos, inteligencia artificial (IA) discriminatoria y el daño ambiental tanto en la forma de una huella de carbono creciente y como en su forma de vertido de desechos electrónicos. En este contexto, el papel de la sociedad civil corresponde en exigir mayor responsabilidad y transparencia a las empresas de TIC sigue siendo una tarea tanto vital como excepcionalmente desafiante.

En los últimos años, la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos han intentado vincularse con empresas de TIC para asegurar la protección de los derechos de los y las usuarias. Sus experiencias dejan en claro que a pesar de estos esfuerzos, las empresas de tecnologías tienen una brecha significativa que cerrar en relación a su responsabilidad. Esto es particularmente preocupante en el Sur Global, donde regímenes autoritarios en muchas ubicaciones han disminuido el estado de derecho, y las regulaciones o mecanismos para llevar a las empresas ante la justicia no existen o son demasiado amplios e ineficaces. Las personas defensoras de derechos humanos dan cuenta que los desafíos enfrentados por los grupos de derechos digitales que trabajan por la rendición de cuentas de las empresas en el Sur Global junto con la naturaleza y la gravedad de los desafíos de derechos digitales a los que se enfrentan difieren de los de sus contrapartes en Europa y Estados Unidos, donde la mayoría de estas empresas se encuentran domiciliadas o tienen sus sedes centrales. Mirar una serie de luchas y estrategias ilustrativas desde la perspectiva del Sur Global puede allanar el camino para fortalecer la rendición de cuentas de tecnologías y los movimientos de justicia social en su conjunto.

Este análisis se basa en consultas y entrevistas con grupos de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos digitales en el Sur Global, incluidas aquellas que han participado activamente con empresas de tecnologías, además de investigaciones y reflexiones a partir de la experiencia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH). Examinamos tres ejemplos específicos de grupos de la sociedad civil exigiendo mayor responsabilidad por parte del sector de las TIC, en Myanmar, Chile y un esfuerzo regional en África respectivamente. Estos ejemplos, junto con las reflexiones derivadas de entrevistas realizadas en 11 países y durante un año a activistas y practicantes, proporcionan detalles sobre las herramientas y estrategias usadas actualmente. A su vez, proporcionamos recomendaciones para fortalecer el movimiento por la responsabilidad corporativa en el sector tecnológico por situaciones de infracciones de derechos, el que se fundamenta en parte en los aprendizajes de estos estudios de caso.

Si bien se han logrado avances, estas reflexiones e ideas demuestran que el camino hacia la responsabilidad del sector tecnológico se encuentra en etapas iniciales, con implicaciones críticas para el mundo, y para el Sur Global en particular. Los desafíos para involucrar y contrarrestar a las empresas de tecnología persisten. A medida que somos testigos del crecimiento continuo de productos, servicios e impactos tecnológicos -desde la implementación de algoritmos coercitivos y discriminatorios, el uso de reconocimiento facial defectuoso por las policías, el uso irresponsable de software de vigilancia, hasta la clasificación errónea de trabajadores gig como trabajadores independientes o autónomos- un enfoque renovado que se centre en la generación de una base de evidencia sólida, en la capacitación continua, en la coordinación y la generación de recursos para apoyar los esfuerzos que busquen contrarrestar los daños asociados a estas tecnologías deben ser prioridades inmediatas para el movimiento.

Desafíos

Nuestra investigación muestra que si bien la participación y colaboración de la sociedad civil con las empresas tecnológicas ha dado algunos resultados positivos - como en las modificaciones realizadas por Facebook y Twitter en sus políticas sobre la publicación de imágenes no consensuadas - aún existen desafíos significativos. Gran parte de la interacción se centra en preocupaciones relacionadas a la moderación de contenidos y la privacidad, y los grupos de la sociedad civil dan cuenta que los resultados difieren según la empresa y los problemas específicos. Las personas defensoras de derechos digitales informan de una falta de confianza en el sector y de esfuerzos limitados para una cooperación genuina por parte de las empresas. Si bien se señala que las oportunidades para que la sociedad civil se reúna con representantes de empresas de tecnologías han aumentado y que el número de consultas organizadas por el sector privado también ha aumentado, especialmente en temas relacionados a regulación, las personas defensoras informan que estas interacciones son frecuentemente "superficiales" y a menudo parecen ser meros ejercicios de marcar casillas en una lista de verificación sin que exista un interés genuino.

Varios obstáculos clave parecen ser la raíz de estas experiencias de la sociedad civil:

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS OPACAS

La principal lucha de la sociedad civil para la rendición de cuentas de las empresas está directamente relacionada con las prácticas comerciales básicas. En primer lugar, hay una falta de datos disponibles sobre las operaciones y los procesos de toma de decisiones de las empresas de TIC, así como también con los datos acerca de que información de los y las usuarias es compartida con los Estados y las agencias de orden público. El acceso a la información es fundamental para permitir que la sociedad civil y personas defensoras monitoreen a las empresas y se involucren en un diálogo informado acerca de los impactos y las decisiones que afectan directamente sus vidas. Sin acceso a esta información, es muy probable que la vinculación de la sociedad civil con los actores corporativos permanezca en un nivel superficial. Los grupos en el Sur Global han planteado que dichos datos suelen ser más accesibles para la sociedad civil, personas investigadoras y académicas en el Norte Global, donde muchas de estas empresas de tecnologías tienen su sede central.

En segundo lugar, grupos y organizaciones han señalado una escasa productividad en sus relaciones con empresas de tecnologías debido a la falta de voluntad de los actores corporativos para reconocer estructuras de poder y los impactos de gran alcance de sus productos u operaciones. La sociedad civil con frecuencia se ve obligada a presentar una "razón empresarial sólida" para proteger los derechos, en lugar de que las empresas reconozcan que es un objetivo tan esencial como la obtención de beneficios. Esto representa un desafío particular cuando los grupos (a menudo del Sur Global) intentan abordar las necesidades de comunidades "más pequeñas" o los impactos en jurisdicciones donde las empresas no tienen oficinas o suficiente personal para abordar adecuadamente estas preocupaciones. Cuando las relaciones con empresas de tecnologías se llevan a cabo, las personas entrevistadas dieron cuenta que a menudo estas se limitan a casos específicos de preocupación o a medidas de políticas en lugar de una discusión más amplia acerca de los modelos de negocio de las empresas y la falta sistémica de responsabilidad. Por lo demás, las vinculaciones con partes interesadas inherentemente carecen de apertura cuando se requieren acuerdos de no divulgación, una práctica cada vez más común por parte de las empresas, lo que impide la colaboración y el intercambio de información entre los grupos de la sociedad civil.

Por último, en cuanto a la moderación de contenidos, algunos de los principales desafíos documentados incluyen la falta de recursos asignados por parte de las empresas, una comprensión limitada de los matices en idiomas o contextos y en general una falta de claridad sobre cómo las plataformas establecen, implementan y actualizan sus políticas o directrices comunitarias. Las directrices políticas y las respuestas de las empresas a las denuncias de violaciones de derechos no siempre están disponibles en diferentes idiomas, lo que limita la capacidad de las personas defensoras para involucrarse suficientemente en estos problemas con las comunidades locales.

ESTRUCTURAS EMPRESARIALES INACCESIBLES

Personas defensoras de derechos humanos y grupos de la sociedad civil informan que es difícil y a menudo demanda mucho tiempo establecer contacto con las empresas e identificar a los o las funcionarias relevantes que tengan la experiencia y la autoridad necesarias para abordar las preocupaciones sobre derechos humanos en relación con productos y servicios del sector de las TIC. Las grandes plataformas tecnológicas a menudo tienen estructuras operativas complejas, lo que dificulta a los grupos relacionarse de manera efectiva. Los equipos de políticas suelen ser los únicos grupos a los que se da acceso a la sociedad civil, mientras que otros equipos, como los departamentos de marketing, desarrolladores y desarrolladoras o el personal de diseño, son los que tienen la llave de las soluciones. La sociedad civil da cuenta que en ocasiones puede establecer relaciones personales con las personas que toman decisiones en las empresas de tecnologías, pero la alta tasa de rotación en la industria significa que estas relaciones deben ser continuamente reestablecidas. Persisten las preocupaciones sobre la seguridad de las personas defensoras que se involucran o desafían a las empresas, especialmente en cuestiones relacionadas con el estado. Además, las decisiones críticas de las empresas suelen ser tomadas por sus directivos y directivas ubicadas en las sedes centrales de las empresas en el Norte Global, pese a que el vínculo con la sociedad civil se realiza con sus representantes en los países donde ocurren las violaciones, incluidos los del Sur Global. Las personas entrevistadas de la sociedad civil sugirieron que esto puede conducir a resultados que no se adaptan bien a los contextos locales y a fracasos en abordar los problemas de derechos planteados por las organizaciones locales.

Adicionalmente, la sociedad civil, especialmente en el Sur Global, da cuenta de un acceso limitado a inversionistas y agentes de capital de riesgo que financian estas empresas, y que en otros casos han significado una vía importante para presionar en favor de mejores prácticas empresariales.

CAPACIDAD LIMITADA

Si bien persisten los desafíos con las empresas, las limitaciones internas también impiden la capacidad de la sociedad civil para abogar efectivamente por la rendición de cuentas. El desarrollo de capacidades para fortalecer las habilidades de análisis técnico y de generación de soluciones, así como las técnicas de compromiso con las empresas resulta cada vez más importante. También es necesario abordar la limitada visibilidad de los grupos de derechos digitales en espacios o plataformas tradicionales de empresas y derechos humanos. Las personas entrevistadas dieron cuenta de que la asignación de recursos para mejorar el compromiso con el sector privado no siempre es un área prioritaria para donantes y, por lo tanto, se realiza con personal ya sobrecargado. La rendición de cuentas por parte de las plataformas tecnológicas requiere financiamiento a largo plazo y sostenido para desarrollar capacidades internas y hacer incursiones en el ecosistema de empresas de tecnología, de las cuales la sociedad civil está en gran medida excluida. Se necesita una mayor colaboración y coordinación para que el conocimiento pueda ser compartido y se puedan aprender lecciones de los pocos grupos que se dedican a la defensa y promoción. Las oportunidades para que los movimientos laborales, ambientales, de empresas y derechos humanos y de derechos digitales colaboren y actúen en solidaridad siguen siendo poco exploradas.

FALTA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES

Hay mucho que aprender sobre cómo abordar el abuso endémico de trabajadores y trabajadoras actuales y antiguos de las empresas de tecnologías: las personas denunciantes. A pesar de los costos, los graves desequilibrios de poder, los impactos de género y las consecuencias a las que se enfrentan, estas valientes personas han ayudado a desenterrar pruebas sobre prácticas problemáticas, como hemos visto en los casos de Cambridge Analytica, Brexit y, más recientemente, con los denominados Facebook papers. A pesar de la falta de protección hacía las personas denunciantes en este sector poco regulado y opaco, algunos han salido a la luz arriesgando sus carreras y su salud. Sin embargo, los vínculos entre el movimiento por los derechos digitales y trabajadores y trabajadoras tecnológicas, incluidas las personas denunciantes, siguen siendo esporádicos.

PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS

Existe la percepción de que las empresas de TIC tienen una vinculación mayor con las organizaciones de la sociedad civil con sede en el Norte Global - quizás debido a la proximidad a las presiones legales y a las regiones en donde sus sedes centrales. Los grupos en el Sur Global también expresan la sospecha de que esto podría ser una estrategia deliberada adoptada por las empresas para debilitar la solidaridad entre los grupos del Norte y Sur Global, lo que les permite dar una impresión de un compromiso abierto pero solo en el papel. Esto se ve reforzado por la provisión selectiva de fondos o apoyo financiero para tareas o proyectos específicos por parte de las empresas destinados a sólo algunos grupos de la sociedad civil. Además, algunas de las personas entrevistadas en este proceso dieron cuenta que las redes existentes de la sociedad civil y de múltiples partes interesadas dedicadas a discutir la responsabilidad de la plataforma son Eurocéntricas o centradas en Estados Unidos, con un espacio insuficiente para que los grupos y las personas defensoras del Sur Global participen y proporcionen directamente sus perspectivas.

3 ejemplos de acción efectiva

La vinculación de la sociedad civil con las empresas de tecnologías va desde la preocupación por la retirada de contenidos sobre temas concretos hasta la solicitud de cambios radicales en el diseño de productos de alto riesgo. La sociedad civil ha presionado activamente por la reforma de políticas corporativas, intentando evitar la suscripción de contratos con partes irresponsables y exigiendo evaluaciones de impacto o procesos de debida diligencia. Los tres ejemplos que se mencionan a continuación muestran algunas estrategias y experiencias de la sociedad civil en el Sur Global, destacando los retos y las oportunidades para quienes busquen que las empresas de tecnologías se responsabilicen por sus daños a los derechos humanos.

Facebook y el genocidio de los Rohingya

Múltiples informes de la sociedad civil han destacado el rol de Facebook (actualmente Meta) en la normalización del odio contra la minoría Rohinya en Myanmar, a través de su incapacidad de moderar, de su falta de respuesta en contra de actores notorios promoviendo el genocidio, y a través de sus sistemas algorítmicos y programas de monetización que impulsaron la producción y amplificación de contenido nocivos contra las personas rohinya.

A pesar de las advertencias y la escalada cartas provenientes de la sociedad civil, la empresa no actuó de manera oportuna ni tomó medidas suficientes para evitar contribuir a la propagación de este contenido.

En 2017, un grupo de 13 organizaciones de derechos digitales, incluyendo Myanmar ICT for Development, (MIDO), Burma Monitor y Phandeeyar, prepararon un informe que detallaba pruebas de la falta de acción de Facebook para frenar la propagación de contenido de odio contra los Rohingya en su plataforma. Este memorándum se usó como base para interceder con la empresa y otros actores para mejorar la respuesta de Meta a la crisis. Posteriormente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo una declaración pública de que la compañía había desempeñado un "papel determinante" en la situación. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, respondió que Facebook tenía procesos creíbles para tratar con contenidos de odio en Myanmar y se refirió a un incidente particularmente peligroso que había sido objeto de una escalada por parte de la sociedad civil. Los grupos de la sociedad civil, en una carta abierta, llamaron la atención a Mark Zuckerberg por tergiversar la situación y atribuirse méritos por sistemas inexistentes. La carta abierta utilizó el hashtag #DearMark, que fue amplificado y a su vez utilizado por varios otros países que buscaban llamar la atención sobre las fallas de Meta en el Sur Global. El intercambio entre los grupos de la sociedad civil y Mark Zuckerberg fue cubierto por los principales medios de comunicación internacionales y posteriormente se hicieron preguntas acerca de ello en una audiencia del Senado de los Estados Unidos, añadiendo presión.

"Pudimos capitalizar esta ventana de oportunidad porque habíamos documentado pruebas irrefutables, pudimos hablar con una sola voz colectiva y teníamos las redes para llegar a los medios internacionales y los miembros del Senado. Es por eso que fuimos efectivos" comentaron Htaike Htaike de MIDO y Victoire Rio de Myanmar Tech Accountability Network (MTAN).

El enfoque colectivo de la sociedad civil de Myanmar contribuyó a aumentar la presión internacional y la indignación pública, lo que finalmente resultó en varios cambios importantes en cómo la empresa enfrenta los mercados de alto riesgo. Esto incluyó el establecimiento de un equipo para analizar el contenido violento en países en situación de riesgo y la contratación de personal dedicado responsable de países clave.

Los esfuerzos concertados de los grupos de la sociedad civil en Myanmar incluyeron la recopilación continua de pruebas, la vinculación directa en persona con el personal de la empresa, la presión pública a través de cartas abiertas, una fuerte campaña en redes sociales, la búsqueda de una amplia cobertura en fuentes de medios internacionales, y abogando con autoridades en el país de domicilio de la empresa.

¿Quién defiende tus datos?

Desde el año 2016, Derechos Digitales ha publicado un informe anual que analiza las prácticas de protección de datos de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones e internet en Chile. "¿Quién defiende tus datos?" forma parte de una serie de estudios similares realizados en América Latina y España y está inspirado en "Who Has Your Back?", creado por la Electronic Frontier Foundation (EFF) en Estados Unidos y adaptado al contexto chileno.

El equipo editorial del informe interactúa con una variedad de actores de la sociedad civil antes de abordar a las empresas con indicadores específicos. Se pide a las empresas que completen un cuestionario en línea que cubre las prácticas de gestión y protección de datos, en relación con sus lineamientos para compartir los datos de los y las usuarias con otras empresas, policías, organismos judiciales y/o otras entidades gubernamentales. Después de enviar el cuestionario, Derechos Digitales continúa interactuando con las empresas enviando preguntas de seguimiento y organizando reuniones en línea para proporcionar más contexto e información. Derechos Digitales ha encontrado que las empresas menos receptivas tienden a obtener puntuaciones más bajas en la evaluación. Sin embargo, en general, la interacción es sólida y muchas empresas comparten información sobre el proceso en sus informes y materiales promocionales.

No obstante de este gran nivel de interacción, algunos desafíos persisten. "El objetivo principal de esta iniciativa es catalizar el cambio de políticas y comportamientos en las empresas, no solo la divulgación de las prácticas existentes. Sin embargo, muchas empresas participantes ven esto simplemente como una medición de sus prácticas actuales y no actúan sobre las recomendaciones para mejorar", comentó Juan Carlos Lara de Derechos Digitales.

Otro desafío es que la persona de la empresa encargado de responder generalmente es una persona que no participa en la toma de decisiones clave dentro de la empresa. Algunas empresas también han estado en desacuerdo con sus calificaciones y han exigido públicamente que sean revisadas. El desafío general reportado por Derechos Digitales es que la mayoría de las empresas solo realizan lo mínimo necesario para cumplir con las leyes nacionales de protección de datos y privacidad -las que tienen estándares bajos- y no ven la necesidad de tomar medidas adicionales para fortalecer sus prácticas para proteger mejor a los y las usuarias.

El desarrollo sistemático de clasificaciones o rankings comparativos basadas en una metodología clara - que ha sido desarrollada consultando a distintas partes interesadas, incluidas empresas- ha demostrado ser una herramienta poderosa. La producción constante del informe y el compromiso con las empresas en el proceso permiten una comprensión más matizada del estado de los derechos digitales a lo largo del tiempo y han permitido mejores intercambios de información para mejorar las prácticas de gestión de datos.

Foro de Derechos Digitales e Inclusión

El Foro de Derechos Digitales e Inclusión (#DRIF por sus siglas en inglés) es una plataforma donde se llevan a cabo conversaciones críticas sobre políticas digitales en África. Con la ayuda y colaboración de varias organizaciones asociadas, Paradigm Initiative coordina este evento anual, reuniendo a diferentes partes interesadas, incluyendo empresas, para trabajar juntos en la escucha, colaboración y desarrollo de soluciones. En 2022, más de 1.300 personas asistieron al DRIF con 30 sesiones virtuales y presenciales.

A pesar de los reiterados intentos, la participación del sector privado, especialmente los operadores de telecomunicaciones y las plataformas de redes sociales, sigue siendo baja. Por ejemplo, solo el 5% de las personas participantes en el evento de 2022 eran representantes del sector privado. Si bien algunas empresas están dispuestas a brindar apoyo financiero, han sido reticentes a asistir a la convocatoria o a las discusiones previas. Los grupos de la sociedad civil frecuentemente encuentran que las solicitudes para reunirse con las empresas, especialmente con los operadores de telecomunicaciones, quedan sin respuesta. Por lo demás, los esfuerzos para enviar tales solicitudes como organizaciones individuales y también en colaboración con otros grupos nacionales o internacionales no han dado resultados.

Las convocatorias de múltiples partes interesadas como DRIF, en las que participan los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad técnica y la academia, son espacios importantes para que las empresas comprendan mejor los desafíos planteados por sus operaciones y exploren vías mutuamente beneficiosas para abordarlos y mitigarlos. "En general, nuestra esperanza es que todas las partes interesadas reconozcan el valor de los compromisos entre ellas y que en los próximos años haya un aumento significativo en el número y la profundidad de las relaciones de las empresas de tecnologías en este tipo de espacios críticos organizados por grupos en el Sur Global", comentó Thobekile Matimbe, de Paradigm Initiative.

Las convocatorias nacionales y regionales que reúnen a distintas de partes interesadas en el Sur Global son espacios críticos donde los actores de la sociedad civil pueden presentar su análisis, tener el espacio para discutir problemas en materias específicas del contexto, coordinarse entre ellos y comprometerse colectivamente con las empresas. Esto también asegura que la sociedad civil tenga el control de la agenda y la dirección de las discusiones, permitiendo resaltar preocupaciones clave y dar voz a las que de otra manera serían ignoradas.

Otras estrategias y espacios

Además de lo señalado anteriormente, la promoción de reformas legislativas y políticas a estados y legisladores, en múltiples frentes como por ejemplo de leyes de responsabilidad de intermediarios, de protección de datos y políticas de debida diligencia, están evolucionando, a pesar de los desafíos al tratar con regímenes autoritarios donde la regulación a menudo lleva a una mayor reducción del espacio cívico. Los tribunales y organismos especializados en privacidad o anticompetencia han puesto cada vez más atención a las operaciones no reguladas de estas empresas con la ayuda de litigios estratégicos, en los que la sociedad civil ha desempeñado un papel vital. La colaboración con medios internacionales, la promoción y sensibilización de los gobiernos en el Norte Global y de los mecanismos de las Naciones Unidas también han dado resultados al presentar eficazmente las preocupaciones de la sociedad civil del Sur Global.

Otros espacios y relaciones brindan cada vez más oportunidades para que la sociedad civil del Sur Global presione por la responsabilidad corporativa del sector de las TICs. Estudios reflejan que los grupos y defensores han trabajado con autoridades reguladoras y gobiernos nacionales; tribunales civiles y penales; organismos públicos como autoridades de competencia y privacidad, organismos regionales de derechos humanos en África y América Latina, organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, procedimientos especiales y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y particularmente con el Proyecto B-Tech de Naciones Unidas. De manera similar, iniciativas multilaterales como la Freedom Online Coalition, Christchurch Call y Tech for Democracy están evolucionando con una participación significativa de la sociedad civil. Plataformas importantes de múltiples partes interesadas, como los Foros de Gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y global y organismos de la industria como el Consejo Asesor de Contenidos de Facebook, la Coalición de Internet de Asia, el grupo de la industria Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) o la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos), y organismos con membresía de la industria como la Global Network Initiative también han desempeñado un papel tanto en el aumento de oportunidades de vinculación como de la responsabilidad corporativa. Las redes de organizaciones de la sociedad civil centradas en la responsabilidad tecnológica, incluida la Coalición del Sudeste Asiático para la Responsabilidad Tecnológica (Southeast Asian Coalition on Tech Accountability), la Red de Responsabilidad Tecnológica de Myanmar (Myanmar Tech Accountability Network) y la Next Billion Network se han identificado como espacios útiles para la coordinación y el intercambio de información.

Para mover la aguja en la responsabilidad corporative en el sector tecnológico y abordar los desafíos actuales para involucrar a estas empresas, es necesario abordar las siguientes áreas:

Generar más evidencia

Un desafío clave es el acceso a datos confiables y desagregados y evidencia de fallas sistémicas de las empresas de tecnologías para contrarrestar las respuestas de las empresas que consideran las denuncias de derechos como casos aislados y evitan discutir el cambio sistémico necesario. Los datos desagregados, incluyendo sexo, género, edad, raza, etnia y discapacidad, proporcionarían información sobre los impactos interseccionales de las violaciones de derechos humanos relacionadas con los productos y operaciones de las empresas de tecnología. Monitorear regularmente las actividades de las empresas, incluyendo el seguimiento de las cartas enviadas a ellas y sus respuestas, sentaría las bases para una mayor defensa y un análisis convincente que podría exponer los elementos perjudiciales de los modelos de negocios base de estas empresas. El seguimiento de los compromisos e iniciativas otorgados por las empresas a la sociedad civil y otras autoridades es fundamental para un análisis efectivo de su desempeño y los resultados de los procesos de debida diligencia.

Desarrollar capacidades

Desarrollar el conocimiento técnico y las habilidades necesarias para responsabilizar efectivamente al sector tecnológico es esencial para realizar una defensa efectiva y asegura que la sociedad civil en el Sur Global sea más visible en los espacios de promoción de la responsabilidad corporativa. El desarrollo de un lenguaje común sobre la justicia digital, en los enfoques basados en derechos y perspectivas feministas llevaría a mejorar los argumentos y las demandas por el comportamiento responsable de las empresas. Compartir capacidades, contactos/redes y recursos técnicos juntas fortalecería la comunidad y proporcionaría oportunidades críticas para aprender recíprocamente. Este trabajo de desarrollo de capacidades también podría depender de las experiencias y experticias de actores del Sur Global que han desafiado a otras industrias.

Mejorar la coordinación

Aunque existen varias instancias de vinculaciones significativas con las empresas, una mayor coordinación entre los grupos de la sociedad civil a menudo resulta en un mayor impacto. Más allá de la coordinación entre grupos de derechos digitales, existe una necesidad urgente de alianzas con grupos feministas y otros grupos de promoción y defensa de derechos marginalizados, así como de grupos que desempeñan un papel central en el amplió movimiento de empresas y derechos humanos. La creciente sindicalización de trabajadores y trabajadoras en tecnología frente a despidos masivos y malas condiciones laborales presenta una oportunidad única para forjar mayores alianzas entre los movimientos de derechos laborales y digitales. Estas coaliciones podrían, en última instancia, interrumpir prácticas problemáticas como el uso de Acuerdos de No Divulgación, que actualmente son una condición previa para el relacionamiento e interacción con muchas empresas. Independientemente de la forma que tomen estas coaliciones o redes, las iniciativas y estrategias de defensa conjunta que amplifiquen el trabajo de diferentes actores allanarían el camino para una mayor colaboración y defensa contra empresas que proporcionan selectivamente información o soluciones a nivel nacional, regional e internacional.

Generar y Compartir Recursos

La falta de recursos económicos y humanos dedicados a promover la responsabilidad corporativa en el sector tecnológico es un desafío crítico. La falta de recursos también dificulta el seguimiento del desempeño de las empresas de manera sistemática. Esto se debe a que entre donantes interesados en apoyar el trabajo en derechos digitales existe una ausencia de enfoque en la responsabilidad en el sector tecnológico, lo que ocurre a su vez entre donantes interesados apoyar la responsabilidad corporativa. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo significativo para permitir a donantes identificar y brindar apoyo sostenido en esta área crítica de trabajo, proporcionar recursos adecuados para el desarrollo de capacidades y crear espacios liderados por el Sur Global en responsabilidad corporativa en el sector tecnológico. El financiamiento sostenido y el fortalecimiento de las personas defensoras de derechos digitales en el Sur Global contribuirían en última instancia a cambiar las dinámicas de poder existentes.

Si bien no son exhaustivas, estas prioridades urgentes contribuirían en gran medida a ayudar a realizar el derecho a tecnologías responsables. Desafiar y ayudar a las empresas de tecnologías a asumir la responsabilidad de respetar los derechos requiere una interrogación de los modelos de negocios que actualmente se centran en la optimización y disrupción, y que con frecuencia prestan poca atención a las implicaciones en los derechos de las personas por sus productos y servicios. Con la creciente sindicalización de los trabajadores y trabajadoras en tecnologías y una mayor colaboración con personas defensoras de derechos digitales, el futuro de este movimiento buscará sin lugar a dudas un compromiso continuo con las empresas en busca de una mayor responsabilidad corporativa.

Recursos

Principios Rectores

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Principios de Manilla sobre Responsabilidad de Intermediarios

Una hoja de ruta para proteger la libertad de expresión y la innovación en línea

Declaration of principles for content and platform governance in times of crisis

Principios de Access Now para empresas en áreas afectadas por conflictos

Engaging tech companies on human rights

Una guía práctica para la sociedad civil de Global Partners Digital y Global Network Initiative

Exploring the role of public participation in commercial AI labs

Instituto Ada Lovelace sobre los enfoques de participación pública utilizados por el sector tecnológico

Implementing the UNGPs

Guía del sector TIC sobre la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

The UNGPs in the age of tech

Documento Fundación del proyecto B-Tech de Naciones Unidas

Panel de Empresas de Tecnologías

Explore nuestros datos sobre más de 80 empresas tecnológicas

Clasificaciones de RDR

Ranking Digital Rights evalúa algunas de las plataformas digitales y empresas de telecomunicaciones más poderosas del mundo en sus políticas y prácticas

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos agradece a todas las organizaciones y personas que han compartido generosamente su tiempo, contactos, conocimientos y energía para poder elaborar este informe. Agradecemos especialmente la ayuda y el apoyo prestados por:

Anja Kovacs
B-Tech
Carolina Botero, Fundación Karisma
Htaike Htaike, MIDO
Juan Carlos Lara, Derechos Digitales
Juan Parra, Fundación Karisma
Karen Vergara, ONG Amaranta
María del Pilar Saenz, Fundación Karisma
Paula Martins, Association for Progressive Communications
Prateek Waghre, Internet Freedom Foundation
Thobekile Matimbe, Paradigm Initiative
Victoire Rio, MIDO

Desmantelando la fachada: Una perspectiva del Sur Global sobre el estado de la vinculación con empresas de tecnologías